El AI Act ya está en vigor. Averigüe si su empresa cumple.

Probablemente sí, aunque de forma limitada. Quien utiliza un sistema de inteligencia artificial en su actividad profesional es responsable del despliegue a efectos del Reglamento, y eso conlleva obligaciones propias. La más inmediata es la de alfabetización: asegurarse de que quien maneja esas herramientas tiene formación suficiente para hacerlo con criterio. El alcance del resto depende de para qué se use.

Cambia bastante, y a mejor. El Reglamento distingue entre quien desarrolla o comercializa un sistema (proveedor) y quien lo utiliza (responsable del despliegue). Las obligaciones del segundo son sensiblemente menores. El problema habitual es que muchas empresas actúan como proveedor sin saberlo: por ejemplo, al poner su marca en una herramienta de un tercero o al modificar de forma sustancial un sistema existente. El diagnóstico determina qué papel ocupa en cada caso.

No. Es un diagnóstico orientativo elaborado a partir de la información que usted facilita. No es una auditoría legal certificada, no sustituye al asesoramiento de un abogado y no acredita el cumplimiento ante ninguna autoridad. El Reglamento no contempla ningún sello privado de conformidad para el uso general de inteligencia artificial.

Que ya sabe por dónde empezar, que es justamente el objetivo. El informe ordena los puntos débiles por gravedad e indica qué conviene resolver primero. Muchas carencias se corrigen con medidas internas: documentar qué sistemas se usan, formar a la plantilla, fijar una política de uso. Si prefiere no hacerlo por su cuenta, podemos encargarnos nosotros, pero eso es una decisión posterior y separada.

El informe llega por correo electrónico en un plazo máximo de 24 horas desde que envía el cuestionario. Responderlo lleva bastante menos: son preguntas sobre su propia actividad, sin tecnicismos. Puede interrumpirlo y continuar más tarde, porque el progreso se guarda en su navegador.

Las respuestas se utilizan para elaborar su informe y para nada más. No se venden ni se ceden a terceros con fines comerciales. No hace falta que incluya datos personales de clientes o empleados en el cuestionario: las preguntas se refieren a sistemas y procesos, no a personas. Los datos de la tarjeta los gestiona Stripe íntegramente; Aptus no los recibe ni los almacena en ningún momento.

El régimen sancionador distingue por gravedad. Las prácticas prohibidas pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio mundial anual. La mayoría del resto de incumplimientos se sitúa en un máximo de 15 millones o el 3 %. Facilitar información incorrecta a las autoridades, en 7,5 millones o el 1 %. Para las pymes se aplica el menor de los dos importes. Conviene leer estas cifras con perspectiva: son techos legales pensados para infracciones graves y deliberadas, no la multa esperable por una carencia documental.

Sí, porque cubren cosas distintas. El RGPD regula el tratamiento de datos personales; el Reglamento de Inteligencia Artificial regula los sistemas de IA, incluidos los que no tratan dato personal alguno. Se solapan en algunos puntos y conviene alinearlos, pero cumplir uno no implica cumplir el otro.